Si bien resulta normal ver que las cámaras empresariales demanden ser incluidas en la reforma laboral que la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión discute y planea aprobar en los próximos días, en esta ocasión la urgencia sale de lo cotidiano en tanto los empresarios fueron uno de los sectores que quedó prácticamente sin voz en las cámaras legislativas luego del resultado electoral del 2018.
Adicionalmente llegaron a espacios de representación personas que consideran a los empresarios como parte de los enemigos de México “la mafia del poder”, dirían. Con ello, la posición de la iniciativa privada en los órganos legislativos se ha visto seriamente debilitada y esto les ha obligado a emprender estrategias de posicionamiento diversas a las fundadas en el simple cabildeo.
La iniciativa privada es la principal generadora de empleos, y frente a las políticas de austeridad de los tres niveles de gobierno, parece que tendrá que hacer mayores esfuerzos para absorber una demanda de puestos de trabajo creciente en aras de mantener la estabilidad económica y generar las condiciones de crecimiento necesarias para paliar en el corto plazo la pobreza que se sigue extendiendo por todo el país. Las observaciones que hacen los empresarios a la minuta que los legisladores discuten están orientadas mayormente a mantener las condiciones indispensables para estimular la generación y permanencia de empleos de calidad.
Las observaciones hechas por Coparmex (que contienen las inquietudes incluso de muchas micro pequeñas y medianas empresas que no están afiliadas al organismo), operan sobre relaciones con sindicatos, contratación colectiva, renuncia de los trabajadores, libertad y democracia sindical, que son factores definitivos para los equilibrios en el sector productivo e inciden directamente en la decisión de los empresarios para crear o no fuentes de empleo y las condiciones que ofrecerán en las mismas.
Si bien es cierto que los trabajadores tienen el derecho de sentirse seguros en empleos de calidad, también lo es que los empresarios requieren de la misma seguridad para ofrecer puestos de trabajo. La inversión productiva, y a final de cuentas, la estabilidad de todo el sistema económico, depende de la seguridad jurídica que se ofrece a todos los actores de la producción, y esa seguridad comienza por un marco jurídico claro, equilibrado y de instituciones que lo respeten y apliquen. Las dudas de los empresarios en este sentido son bastante justificadas en términos de lo que ha ocurrido hace décadas en derecho laboral en México, y de la composición de mayorías en las cámaras legislativas que consideran el ambiente empresarial como un escenario de lucha de clases, y no como la suma de energías para lograr el desarrollo económico (suma en la que el gobierno y la legislación intervienen para generar los equilibrios necesarios que garanticen la justicia).
Hay muchas cosas que los empresarios deben empezar a hacer por el desarrollo de México, invertir más, mejorar su producción y volverla competitiva en todos los mercados, abrir más fuentes de empleo de calidad, evitar involucrarse en círculos de corrupción; pero es responsabilidad de los gobiernos en todas sus esferas y niveles, favorecer que todo ello ocurra. En los términos más elementales, la minuta aprobada por el Senado, con todas las bondades que pudiera tener parece ignorar la urgencia mejorar los equilibrios para, sin lesionar los derechos de los trabajadores y la obligación de los patrones de mejorar mucho las condiciones laborales, promover la inversión productiva y generadora de empleos. No tendría que ser difícil si hay voluntad de escuchar.
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