El determinismo político ha sido trasladado al terreno de lo electoral: de las elecciones competitivas y diferenciadas en la oferta tanto legislativa como de gobierno, pasamos a la misma agenda –con sus matices- de los distintos partidos políticos, como de sus candidatos. Bajo este esquema, la sociedad carece de opciones para elegir una verdadera representación y los mecanismos, leyes e instituciones que garanticen que se vive en una democracia.
Y también, la democracia es acosada por el presidente en su batalla electoral más reciente contra el poder judicial de la Federación y, con ventaja al no tener una respuesta institucional de sus adversarios de la rama judicial.
La presencia de ministros en medios ha sido cautelosa y sin un plan para la defensa de la última institución que, es contrapeso efectivo en la democracia mexicana.
Toca el turno al senado para concluir la etapa del proceso legislativo y, falta sobre todo una postura institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que hoy la conversación es favorable al gobierno, en el contexto de incorporar a la rama judicial en una arena que no es la suya: el proceso electoral de 2024.
Se requiere que la rama judicial aborde con firmeza una postura en medios de comunicación, deliberando por ejemplo, qué queremos hacer con el funcionamiento de las instituciones. Por su lado, la oposición mantiene su agenda al defender en la actual coyuntura crítica al poder judicial que, debe encabezar la estrategia para la salvaguarda de la estabilidad política.
Es fundamental que los jueces dispongan de los recursos suficientes en su ejercicio y con un retiro decoroso al terminar su función.
En el entorno mediático, el poder judicial federal debe proponer la conversación para convocar a otros sectores a su defensa, en las calles, en la academia, en los medios para que el público tenga una identificación con la rama judicial, del modo en que se construyó la defensa del INE, por ejemplo.
Todo lo anterior, tiene el objetivo de poner un alto al acoso que el presidente ha normalizado a todo organismo autónomo constitucional, institución o rama del poder público que no respalde su pensamiento y sus decisiones.
Del Tintero: Por tanto, la defensa de la rama judicial debe contemplar una estrategia con una vocería que proponga y responda al poder ejecutivo y sus mensajes de modo intenso, institucional y contundente para encabezar la conversación pública.
FB/LinkedIn: Daniel Adame Osorio.
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