Al 19 de abril, el Instituto Nacional Electoral tenía abiertos 77 procedimientos administrativos sancionadores por hechos ocurridos en los procesos electorales locales y federal 2017-2018; de ellos, 27 son contra Morena o candidatos abanderados por esa agrupación en coalición; 17 contra el PAN; 11 contra el PRI; 4 a cuentas de Facebook que divulgan fake news a en contra de candidatos. Los procedimientos que sigue la Unidad de Fiscalización del INE, muy pocos de oficio y el resto a petición de parte, evidencian dos tipos de problemas: el primero, la sospecha de gastos de campaña no registrados que podrían llevar al rebase de gastos de campaña; y el segundo, la negligencia o indolencia o ambas, para reportar ingresos y egresos de campañas en los períodos establecidos por la autoridad electoral.
Uno de los procedimientos oficiosos, el INE/P-COFUTF/61/2018, fue iniciado a petición de la propia autoridad electoral federal y tendrá impacto en Morelos, en tanto busca “Investigar el origen, destino y aplicación de los recursos respecto de las “encuestas” utilizadas como método de selección interno”, del partido Morena, que llevaron a la extraña designación de muchos de sus candidatos, entre ellos, el aspirante al gobierno del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Resulta que ninguno de los precandidatos, pero tampoco el partido, reportaron haber pagado las encuestas por las que supuestamente habrían determinado las nominaciones. Si uno revisa el reporte de fiscalización de la etapa de precampaña de Cuauhtémoc Blanco Bravo, el aspirante afirmó que no había tenido ingresos ni egresos, lo mismo que hicieron casi el total de precandidatos de Morena ante la autoridad federal; en el caso del Senador, Rabindranath Salazar Solorio, a pesar de que abiertamente participó en el proceso, ni siquiera hubo la cortesía de informar al INE que había participado y obviamente gastado en el método de selección interna.
Cierto que para muchos, eso de las encuestas fue un mero argumento para justificar el palomeo que Andrés Manuel López Obrador hizo de los listados de candidatos, documentos que se volvieron un cochinero en Morelos, pero también es cierto que ante el INE aseguraron que sus candidatos fueron designados por encuestas y jamás reportaron haber invertido en ellas.
Si Morena hizo las encuestas y no reportó los gastos que el partido hizo para contratarlas o aplicarlas, y sus precandidatos no reportaron los gastos en promoción que hicieron desde el inicio del proceso interno hasta el cierre de las precampañas dirigidos a figurar en los primeros lugares de las encuestas, estaríamos ante una falta grave en materia de fiscalización tanto de la organización política como de quienes participaron en el procedimiento. Si, por otra parte, Morena sólo dijo que haría las encuestas pero al final utilizó el método que muchos sospechan del pejededazo, estaríamos ante una falta grave en materia de organización y violación de derechos políticos de ciudadanos que fueron marginados por un presunto proceso que no existió, de cualquiera de ambas formas, Morena, y para el caso, toda su coalición, tendrían que ser sancionados.
En cualquiera de los supuestos, es evidente el poco aprecio que Morena tiene por la ley y es explicable entonces la andanada de ataques de sus fieles a una autoridad electoral que, en estricto apego a la ley, tendría que sancionar las conductas violatorias de la norma electoral, aunque les duela, aunque aleguen fraude. Los hechos ahí están.
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