En un movimiento sin precedentes que rompe con la tradición y desafía el ambiente político actual, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, optó por un acto de significativa trascendencia al presentar un ambicioso paquete de 20 iniciativas, este 5 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Su actuar subraya la importancia de la fecha y pone de manifiesto la intención del mandatario de resonar el espíritu social que definió a la Carta Magna hace más de un siglo.
La propuesta de López Obrador abarca desde la reconfiguración del sistema de pensiones, atención médica integral, universal y gratuida, pasando por una renovación profunda del Poder Judicial, la protección y cuidado de los animales, hasta la desaparición de organismos autónomos y la redefinición de las estructuras electorales y de seguridad nacional. Estas modificaciones, presentadas en la recta final de su administración, buscan responder a las necesidades sociales y económicas contemporáneas de México, en un eco de los cambios radicales que la Constitución de 1917 introdujo en su tiempo.
Como recordatorio, la Constitución del ‘17, producto de la Revolución Mexicana, fue pionera en incluir derechos sociales y laborales, marcando un hito en la historia constitucional mundial. Al evocar este espíritu, parece aspirar en sus modificaciones, que más allá de los ajustes políticos y económicos, refleje un compromiso renovado con los principios de justicia, igualdad y soberanía nacional. Esta conexión no es meramente simbólica; refleja una continuidad en la evolución de los Derechos Humanos Constitucionales en México.
La propuesta de reforma del sistema de pensiones, por ejemplo, busca mejorar las condiciones de vida de los jubilados, asegurando que los trabajadores reciban su salario completo al jubilarse. Este cambio, junto con la propuesta de elevar a rango constitucional la entrega de programas sociales, resuena con los principios de equidad y protección a los más vulnerables.
La reconfiguración propuesta del Poder Judicial, buscando mayor transparencia y democracia en la elección de sus miembros, aunque controvertida, sugiere un esfuerzo por recuperar la confianza en las instituciones, recordando la lucha histórica por un gobierno justo y representativo. De mismo modo, la revisión de los órganos autónomos y la reestructuración del sistema electoral reduciendo de 500 a 300 diputados, y de 128 a 64 senadores, apuntan hacia una búsqueda de eficiencia gubernamental.
En el contexto de seguridad, la propuesta de integrar permanentemente la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional evoca debates históricos sobre el papel de las fuerzas armadas en la sociedad civil, pero también enfatiza la prioridad de la seguridad nacional en el marco de los Derechos Humanos.
Es interesante advertir, que bajo la administración de López Obrador, el texto constitucional ha experimentado la modificación de 62 artículos, un número que aunque notable, no alcanza las cifras de reformas emprendidas por sus predecesores—156 en el mandato de Enrique Peña Nieto, 110 durante la gestión de Felipe Calderón y 78 en la era de Ernesto Zedillo Ponce de León—.
A lo largo de sus 108 años de historia, refleja su adaptabilidad a las cambiantes demandas sociales y políticas; y su capacidad para incorporar progresivamente derechos fundamentales, a pesar de las inherentes dificultades. Un estudio del doctor Diego Valadés, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ilustra esta expansión textual: desde las 20,000 palabras originales de la Constitución de 1917, pasando por las 60,000 en su centenario, hasta alcanzar aproximadamente 80,000 palabras en la actualidad, enriquecidas con la inclusión de derechos tan significativos como el voto universal femenino y la representación proporcional, entre otros, que han fortalecido nuestro tejido democrático.
Este conjunto de iniciativas, 18 constitucionales y 2 legales presentadas en una fecha emblemática, buscan modificar la arquitectura política de nuestro país. Mientras el futuro de estas propuestas sigue siendo incierto y sujeto al debate legislativo, es un recordatorio poderoso de la dinámica, necesaria y continuo progreso de los Derechos Humanos Constitucionales. Es un manifiesto que refleja la aspiración por conectar y revitalizar el vigor reformista que ha definido a las leyes constitucionales mexicanas a lo largo de su historia.
