Sí. En un mundo cada vez más inmerso en la conciencia de los derechos, la cuestión de si el agua constituye un derecho humano consagrado constitucionalmente se vuelve de suma importancia. Esta discusión representa una problemática crucial, que impacta directamente en la vida de miles de millones de personas a nivel global. La manera en que se responde a esta pregunta influye significativamente en cómo las Naciones y sus ciudadanos comprenden, administran y distribuyen este recurso indispensable, esencial para la supervivencia y el desarrollo humano.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2010, elevó el agua al estatus de Derecho Humano, reconociendo su importancia. Además, la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC), en su introducción, enfatiza su naturaleza como un recurso natural limitado y un bien público primordial para la vida y la salud. Más que un bien comercial, es un legado común que debe ser preservado y gestionado con un sentido profundo de responsabilidad y equidad para todas las personas, sin excepción. A pesar de ello, la realidad dista mucho de este ideal. Su escasez y acceso desigual afectan a más de 2 mil millones de personas en el mundo, evidenciando una brecha considerable entre la ley y la vida cotidiana.
Nuestra Constitución, desde el 2012 en su artículo 4º, párrafo 6º, ordena que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
El debate en México adquiere una intensidad particularmente destacada. Desde agosto de 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no otorgará más concesiones a empresas privadas, en un esfuerzo por conservar el patrimonio acuífero. Con más de 520 mil permisos otorgados para la explotación del agua, el Gobierno enfrenta el reto de equilibrar las necesidades de la población y el cuidado del medio ambiente.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por MORENA, aboga por un Plan Hídrico a 30 años. Propone la inclusión de todos los sectores para un manejo sustentable del agua, destacando la importancia de erradicar la corrupción y prohibir prácticas de extracción dañinas como el fracking –método utilizado para extraer petróleo y gas natural inyectando agua a alta presión–. Además, enfatiza la necesidad de tecnificar el riego para mejorar la disponibilidad de agua para consumo y agricultura.
Sin embargo, la inequidad en el acceso al agua no solo es un reflejo de las divisiones socioeconómicas preexistentes, sino que también las profundiza. Las comunidades más marginadas se encuentran en una lucha constante, enfrentándose a obstáculos que limitan gravemente su desarrollo y perpetúan el ciclo de pobreza.
Los desafíos se ven exacerbados por el cambio climático. Sequías prolongadas e inundaciones devastadoras alteran su disponibilidad, poniendo en peligro tanto la seguridad alimentaria cuanto la estabilidad de ecosistemas enteros. En este contexto, se requiere la implementación de políticas que aseguren su acceso, respaldadas por inversiones significativas en infraestructura y tecnologías innovadoras. Paralelamente, en el ámbito individual, es imprescindible adoptar prácticas que promuevan su conservación y uso responsable.
El agua como un Derecho Humano Constitucional se entrelaza entre la ley, la ética y la política. La complejidad de esta cuestión no permite una respuesta sencilla; no obstante, la importancia de este diálogo es indiscutible. La creciente crisis hídrica es un urgente llamado a la acción, subrayando la necesidad de asumir responsabilidades y de emprender esfuerzos coordinados para garantizar su mantenimiento en el presente y prolongación para las generaciones futuras.
Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
