“Guanajuato vive una oleada de violencia sin precedentes que va más allá del fenómeno de los asesinatos, de por sí desbordado y alarmante, y muestra, más bien, un patrón estructural y complejo, hecho de múltiples descomposiciones”. Fabrizio Lorusso
De acuerdo a estadísticas del CONEVAL, en el año 2018, el 80.3% de la población en Guanajuato estaba en situación de pobreza o de vulnerabilidad por carencias o ingresos. Una relación causal entre pobreza y delincuencia, añadida a otros factores como falta de políticas públicas y modelos de desarrollo económico; expansión y multiplicación de grupos delictivos; nexos de autoridades con el crimen organizado; debilitamiento y deficiencia de instituciones de justicia y seguridad pública; disputas por el robo y tráfico de hidrocarburos, entre otras causales que convierten a Guanajuato, uno de los estados más peligrosos del país.
Desde 2016 hubo una gran alza de homicidios dolosos que obligó al Gobierno Federal a incrementar los envíos de brigadas militares y refuerzos de la Gendarmería y la Policía Federal a la entidad federativa. En 2019, “600 soldados y 200 marinos llegaron en enero y 1,600 soldados llegaron en marzo, para la actual operación Golpe de Timón”, cuya misión desde entonces había sido capturar a José Antonio Yépez Ortiz alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicados al robo de combustible.
A finales de 2018, Pemex señaló “la presencia de 1,547 tomas clandestinas, siendo Guanajuato, después de Hidalgo y Puebla, el tercer estado más afectado”. La Refinería de Salamanca, la segunda con mayor producción de combustible, ha provocado constantes enfrentamientos entre el Cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Municipios del famoso “triángulo de huachicol”, es decir, Irapuato, Salamanca, Celaya y León, han mostrado en los últimos meses un crecimiento en los indicadores de desaparición de personas, robos y, sobre todo, la expansión y multiplicación de nuevos carteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y algunas células remanentes de Los Zetas, quienes han provocado el aumento de homicidios en la entidad.
De acuerdo a un informe de Causa en Común, desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020 habían asesinado a 1,422 policías en nuestro país. Siendo el 2020 el año más violento para las fuerzas policiacas con al menos 524 policías asesinados, es decir, en promedio 1.42 cada día, encabezando Guanajuato los índices más altos por tres años consecutivos, siendo el estado más peligroso y letal para formar parte de los cuerpos policiacos, con 84 policías asesinados, seguido del Estado de México con 39, siendo los agentes de la policía municipal los más afectados.
Y así, la lista de afectaciones y atrocidades se vuelve interminable, y los números y el sentir de los guanajuatenses dan cuenta de ello. Pues, al menos, en Guanajuato el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 21 204.3 millones de pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, sumado a las grandes pérdidas económicas consecuencia de los delitos en la entidad, que representó el 59.7%. Los caminos se vuelven insospechados y exigen cursos de acción que resulten verdaderamente proactivos para salir avante de una crisis con múltiples facetas. Enfrentar la inseguridad y la violencia homicida es un reto imperioso para el gobierno de Guanajuato, requiere esfuerzos extraordinarios, multidimensionales y sustanciales.
