El absurdo bloqueo de las instalaciones del Impepac por parte de un grupo de priistas (de una de las partes en conflicto por la dirigencia estatal del partido) es una muestra del Morelos que no debiera tolerarse más, pero que parece resurgir frente a la inoperancia de las instituciones. La actuación, conforme a derecho, de las autoridades electorales al retener las prerrogativas del PRI, deriva del pleito por la dirigencia estatal que ha llegado a los tribunales electorales; en este sentido, la autoridad administrativa determina la retención del financiamiento público al partido en tanto el conflicto se resuelve por la vía jurídica y se otorga la certeza a la dirigencia que sea validada al final del procedimiento legal.
La debacle priista no es un asunto de las autoridades electorales, sino de los propios priistas que han sido incapaces de mantener el orden dentro de su partido así que la responsabilidad de la falta de prerrogativas recae, a final de cuentas, en los grupos en conflicto que pelean hoy, no por la legalidad, la justicia, la democracia interna, sino por los casi 600 mil pesos mensuales de financiamiento público (lo que puede sustentarse con el hecho de que el PRI estatal cambió incluso las cuentas bancarias para recibir el financiamiento, mientras que el comité nacional del partido pidió que los recursos fueran depositados a las cuentas nacionales).
Así que, como ocurre en estos casos en Morelos, un grupo de priistas determinó que sería buena idea combatir una determinación jurídica, no por la vía legal donde probablemente perderían, sino con el bloqueo de instalaciones en el que participó, por cierto, el ex dirigente campesino y ex diputado local, Aristeo Rodríguez Barrera, también conocido por su reciente participación en la arenga y organización de los bloqueos de campesinos de Jojutla en la autopista Siglo XXI, en la que exigía, junto con otros dirigentes, una nueva indemnización por las tierras en que se construyó la vía y que ya habían sido liquidadas hacía casi una década.
El bloqueo del Impepac no es el problema mayor en este caso, sino el uso de medidas de resistencia civil que podrían considerarse legítimas, para obtener beneficios económicos y en contra de decisiones fundadas en la ley: esa ley que, cuando fueron legisladores, ni Aristeo, ni otros involucrados indirectamente en estas formas de “protesta”, cuestionaron ni trabajaron por cambiar. Lo grave no es que los priistas hayan bloqueado las instalaciones del Impepac, sino que la conducta se repite en Morelos poniendo en peligro las inversiones, la estabilidad política y social, la legitimidad institucional, entre otras cosas que son mucho más importantes, en el largo plazo, que los posibles conflictos de tránsito derivados de las movilizaciones.
Por cierto, esta conducta se da no sólo frente a instituciones políticas, también se traslada a las civiles, por ejemplo, la amenaza de un grupo de docentes de tomar las instalaciones del SNTE exigiendo “democracia” interna, que para los profes sindicalistas sólo parece existir cuando les significa endosarles las dirigencias.
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