/ lunes 30 de octubre de 2023

El Congreso y el presupuesto 2024

Mal hace el Ejecutivo de Morelos al tratar de vender el impuesto a la nómina como la única forma de entregar a los órganos autónomos del estado, universidad, fiscalías, comisión de Derechos Humanos, entre otros, los recursos que requieren para el 2024. El análisis del presupuesto evidencia la intención de incrementar en más de dos mil cien millones de pesos el gasto del Ejecutivo, de esa cantidad, casi 600 millones de pesos podrían considerarse no prioritarios (de acuerdo con el análisis que los diputados han iniciado sobre el documento).

Los incrementos proyectados superarían los 300 millones de pesos repartidos entre la oficina de la Gubernatura, con 64.9; Movilidad y Transporte, 83.7; Desarrollo Sustentable, 124.9; Turismo y Cultura, 23.7, y Administración, 8.9 millones de pesos. Todos estos montos son considerados por los legisladores como sospechosos junto a otros gastos que se atribuyen a que el 2024 es año electoral y hay que repartir dinero, por ejemplo, entre los campesinos, para lo que se apuntala el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en más de 35 millones de pesos. El resto de órganos institucionales desconcentrados recibirían, según el proyecto del Ejecutivo, un aumento de casi 355 millones de pesos. Es decir, los montos observados de inmediato por el Legislativo llegarían a casi 700 millones de pesos, y faltaría aún el análisis puntual de los incrementos a las secretarías de Educación, de mil 38 millones, y Salud, caso 337 millones de pesos, que aparentemente resultarían un poco mayores de las necesidades establecidas en un presupuesto austero.

En menos palabras, el incremento al impuesto a la nómina podría no darse y el Ejecutivo seguiría teniendo alrededor de 650 millones de pesos para pagar lo que requieren los órganos autónomos mediante una reducción más o menos moderada de los incrementos presupuestales que propone para el ejercicio 2024.

Peor aún, el presupuesto tiene reducciones moderadas a dos de las instituciones que el Ejecutivo ha señalado como sus adversarias, la Fiscalía General del Estado, que tendría una baja de alrededor de 10 millones de pesos; y el Congreso del estado, que recibiría 8,5 millones de pesos menos que en el 2023.

La apuesta del Ejecutivo parecería ir por un nuevo rechazo del Legislativo al paquete económico, lo que significaría que por quinto año consecutivo, el gobierno de Morelos no tendría el presupuesto que diseñó. El año pasado, cuando después de tres reveses en la aprobación por fin se construyó una mayoría legislativa para aprobarlo, los diputados redibujaron el paquete económico y rediseñaron el presupuesto de egresos generando un pleito que aún aguarda resolverse en la Suprema Corte de Justicia, pero ha servido al Ejecutivo como excelente excusa para omisiones y deficiencias en los servicios que está obligado a dar, y de paso intentar lesionar la imagen del Legislativo acusando perpetuamente a los diputados de la falta de recursos para ejecutar obras, aún cuando no habían sido programadas.

Probablemente la idea del Ejecutivo ha sido esa desde el principio, mandar un presupuesto aspiracional calculando un escenario en que no puede perder. Si los diputados lo aprueban, lo que desde el principio saben resultaría casi imposible, tendrá más de dos mil millones de pesos extra para gastar en el 2024. En cambio, si el Congreso lo rechaza, tendrá mucho material para acusar a los diputados de cada una de las carencias económicas para el año entrante, en la búsqueda para horadar la simpatía que parece crecer hacia la oposición en Morelos.

En su cancha, los diputados podrían en cambio abrir totalmente la discusión del presupuesto, acusar cada uno de los puntos que consideran nocivos para Morelos, socializar las propuestas que ya están diseñando para el reacomodo del gasto gubernamental, explicar a los morelenses cada una de sus determinaciones. Ya lo hicieron con el intento de aumento al impuesto a la nómina, aunque debe reconocerse que primero se dio un rechazo público del empresariado.

Si los legisladores pueden explicar públicamente cada decisión que tomen en materia del presupuesto para 2024, es muy probable que libren de antemano la batalla que aún no han ganado.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Mal hace el Ejecutivo de Morelos al tratar de vender el impuesto a la nómina como la única forma de entregar a los órganos autónomos del estado, universidad, fiscalías, comisión de Derechos Humanos, entre otros, los recursos que requieren para el 2024. El análisis del presupuesto evidencia la intención de incrementar en más de dos mil cien millones de pesos el gasto del Ejecutivo, de esa cantidad, casi 600 millones de pesos podrían considerarse no prioritarios (de acuerdo con el análisis que los diputados han iniciado sobre el documento).

Los incrementos proyectados superarían los 300 millones de pesos repartidos entre la oficina de la Gubernatura, con 64.9; Movilidad y Transporte, 83.7; Desarrollo Sustentable, 124.9; Turismo y Cultura, 23.7, y Administración, 8.9 millones de pesos. Todos estos montos son considerados por los legisladores como sospechosos junto a otros gastos que se atribuyen a que el 2024 es año electoral y hay que repartir dinero, por ejemplo, entre los campesinos, para lo que se apuntala el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en más de 35 millones de pesos. El resto de órganos institucionales desconcentrados recibirían, según el proyecto del Ejecutivo, un aumento de casi 355 millones de pesos. Es decir, los montos observados de inmediato por el Legislativo llegarían a casi 700 millones de pesos, y faltaría aún el análisis puntual de los incrementos a las secretarías de Educación, de mil 38 millones, y Salud, caso 337 millones de pesos, que aparentemente resultarían un poco mayores de las necesidades establecidas en un presupuesto austero.

En menos palabras, el incremento al impuesto a la nómina podría no darse y el Ejecutivo seguiría teniendo alrededor de 650 millones de pesos para pagar lo que requieren los órganos autónomos mediante una reducción más o menos moderada de los incrementos presupuestales que propone para el ejercicio 2024.

Peor aún, el presupuesto tiene reducciones moderadas a dos de las instituciones que el Ejecutivo ha señalado como sus adversarias, la Fiscalía General del Estado, que tendría una baja de alrededor de 10 millones de pesos; y el Congreso del estado, que recibiría 8,5 millones de pesos menos que en el 2023.

La apuesta del Ejecutivo parecería ir por un nuevo rechazo del Legislativo al paquete económico, lo que significaría que por quinto año consecutivo, el gobierno de Morelos no tendría el presupuesto que diseñó. El año pasado, cuando después de tres reveses en la aprobación por fin se construyó una mayoría legislativa para aprobarlo, los diputados redibujaron el paquete económico y rediseñaron el presupuesto de egresos generando un pleito que aún aguarda resolverse en la Suprema Corte de Justicia, pero ha servido al Ejecutivo como excelente excusa para omisiones y deficiencias en los servicios que está obligado a dar, y de paso intentar lesionar la imagen del Legislativo acusando perpetuamente a los diputados de la falta de recursos para ejecutar obras, aún cuando no habían sido programadas.

Probablemente la idea del Ejecutivo ha sido esa desde el principio, mandar un presupuesto aspiracional calculando un escenario en que no puede perder. Si los diputados lo aprueban, lo que desde el principio saben resultaría casi imposible, tendrá más de dos mil millones de pesos extra para gastar en el 2024. En cambio, si el Congreso lo rechaza, tendrá mucho material para acusar a los diputados de cada una de las carencias económicas para el año entrante, en la búsqueda para horadar la simpatía que parece crecer hacia la oposición en Morelos.

En su cancha, los diputados podrían en cambio abrir totalmente la discusión del presupuesto, acusar cada uno de los puntos que consideran nocivos para Morelos, socializar las propuestas que ya están diseñando para el reacomodo del gasto gubernamental, explicar a los morelenses cada una de sus determinaciones. Ya lo hicieron con el intento de aumento al impuesto a la nómina, aunque debe reconocerse que primero se dio un rechazo público del empresariado.

Si los legisladores pueden explicar públicamente cada decisión que tomen en materia del presupuesto para 2024, es muy probable que libren de antemano la batalla que aún no han ganado.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx