Instalado el consejo local del Instituto Nacional Electoral en el estado y prácticamente están integradas las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales que serán responsables de darle curso a los comicios del 2021, en que los morelenses elegirán 36 Ayuntamientos, 12 diputaciones de mayoría y 8 de representación proporcional, bajo condiciones sumamente complejas que pueden ser generadoras de conflictos. La pandemia, la crisis económica, la creciente inseguridad, como factores que afectan a todos, y la abundancia de partidos políticos algunos con presencia focalizada en pequeñas regiones, el encono y polarización de los partidos y sus simpatizantes, la exigencia cada vez mayor de un verdadero involucramiento de las mujeres en la política como candidatas y funcionarias públicas que no estén “al servicio del patriarcado”, la disolución de fronteras ideológicas, la evidente falta de liderazgos políticos que se suplen con casi cualquier cosa.
Todos estos temas se han abordado en los órganos electorales, algunos sólo de forma tangencial pero están presentes, por sí mismo o sus derivados, en la lógica de actuación de los órganos electorales, local y nacional.
Uno de los temas que resultan más urgentes es la forma en que se podrá garantizar el acceso libre de violencia de las mujeres a la contienda y el ejercicio político. Baste considerar que si bien las acciones afirmativas emprendidas desde los órganos electorales lograron que las mujeres tuvieran acceso a espacios de poder, también es cierto que los índices de violencia contra las mujeres (como parte o no de un esquema generalizado de agresiones contra el género que ubica a Morelos como uno de los estados donde las mujeres están en mayor riesgo).
El ejercicio de violencia política contra las mujeres se ha llegado a considerar normal, y cuando uno lee las 22 conductas con que se tipifica este delito en la legislación, resulta evidente que son de práctica casi diaria en público o privado en todo el estado. Porque es práctica común el incumplimiento de las disposiciones jurídicas que reconocen el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, la restricción dell acceso al voto, el ocultamiento de información o convocatorias para registrar candidaturas, la entrega de información falsa que impide el registro como candidatas o induce el incorrecto ejercicio de atribuciones; la falta de condiciones de igualdad en el desarrollo de candidaturas, la difamación, calumnia, injuria, y otras expresiones que reproducen relaciones de dominación, desigualdad, discriminación, o con base en estereotipos de género; divulgar información privada para desacreditarlas, amenazar a sus familias y por lo menos otras seis conductas para las que no tenemos espacio en esta entrega, pero que se practican con una espantosa normalidad en Morelos.
Lo que podría generar cierto optimismo es que en las autoridades electorales hay una conciencia creciente de la necesidad de frenar la violencia política contra las mujeres, por un parte y el que algunos sectores sociales están visibilizando el problema, la acción empieza ya.
@martinellito
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