Las iniciativas de reforma legal y constitucional enviadas en fecha reciente por el presidente López Obrador al congreso de la Unión, integran el núcleo de medidas que conducirán al país en el futuro inmediato al establecimiento de un nuevo pacto político-social, rumbo al surgimiento de un nuevo régimen político y social.
En efecto: a lo largo del sexenio, la administración pública ha podido conseguir avances sustanciales en el bienestar de la población, en la mejora del salario y del ingreso, en el combate contra la enorme desigualdad social; contra el desequilibrio en el desarrollo económico entre las diversas regiones del país. Pero si bien la desigualdad social se ha reducido, aún sigue siendo abismal la diferencia entre el nivel de vida de las clases acomodadas del campo y la ciudad ante los sectores más desprotegidos del país, principalmente los sectores indígena y afromexicano.
Algunas propuestas de AMLO pueden ser aprobadas en la presente legislatura, antes del final del sexenio; otras no, porque los grupos de la derecha aún conservan cierto número de legisladores que ciertamente votarán en contra. Entre las propuestas que podrían ser aprobadas –previa negociación con la derecha—están las que se refieren al salario mínimo, para que se eleve a rango constitucional y que éste no sea en adelante inferior a la tasa de inflación. El salario en México –aunque ha aumentado de manera sustancial—sigue siendo uno de los más bajos de América Latina, no se diga entre los países de la OCDE.
Otro tanto puede suceder con lo relativo a las pensiones de la clase obrera y de los y las trabadoras del estado. La exigencia que van a plantear los prianistas (ya lo han esbozado) será en el sentido de que se definan claramente las fuentes de financiamiento para el pago íntegro de esas pensiones.
El nuevo periodo de sesiones del Congreso federal empezó a sesionar en febrero. De inmediato, el debate público ha comenzado a girar –en pro y en contra—de las propuestas del presidente AMLO. Una vez más, la mano del presidente fijó la agenda del debate nacional. Como lo mencionó un comentarista de temas legislativos: el presidente comenzó a tocar la música y los protagonistas de la política empezaron a bailar con ese ritmo, incluyendo a los partidos de la izquierda.
Las propuestas tienen sin duda carácter político-electoral, porque son un resumen de las inquietudes que flotan en el ambiente, en un año de elecciones. Pero no son electoreras. Los temas de salarios y pensiones son vitales para la clase obrera. La calidad de vida y el ingreso de millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos depende de la respuesta que la clase política dé a esas inquietudes. No se trata del reparto de prebendas y privilegios entre los líderes políticos (por ejemplo: el reparto mafioso de posiciones en Coahuila) sino de definir la suerte de millones de personas que han sido tradicionalmente marginadas, explotadas y oprimidas.
Las propuestas de AMLO son especialmente adversas a las políticas implantadas durante los gobiernos de Zedillo y Calderón, los dos presidentes que, de modo directo o indirecto, han hecho esfuerzos por influir en el proceso electoral actual. Ambos estuvieron durante sus mandatos en contra del aumento de salarios por encima de la tasa de inflación, y lo mismo sucedió con la eliminación de las pensiones completas a las y los trabajadores del sector privado y del gobierno.
Por tales razones, podemos afirmar que el presidente AMLO volverá a estar presente en la boleta el 2 de junio. En esta ocasión no aparecerá su nombre, pero sí sus propuestas para beneficiar a millones de personas. Y más aún: es previsible que algunas de ellas sean rechazadas durante este periodo de sesiones –febrero, marzo, abril y mayo—. Los votantes conocerán en junio cuáles fueron aprobadas y cuáles no, y por lo mismo emitirán su voto de acuerdo con sus demandas y convicciones, así como con el sentido del voto de los partidos en las cámaras. En tal sentido, las propuestas de AMLO representan un enlace entre el presente y el futuro de la vida económica, política y social del país.
Por lo mismo, es previsible que la votación ciudadana sea emitida en junio como expresión de la voluntad popular de otorgar a la izquierda la mayoría calificada en el próximo Congreso federal, facilitando así la aprobación de las propuestas que hayan sido rechazadas, o incluso aquellas que hayan sido pospuestas. Por lo anterior, es posible que la mayor parte del paquete de reformas de AMLO sea aprobada en el curso del presente año. En otras palabras: de estas iniciativas conocerán los legisladores actuales, pero también los que integren el nuevo congreso.
Es muy positivo también que el presidente proponga elevar a rango constitucional la prohibición de entrada de maíz transgénico, o del método de “fracking” para obtener petróleo y gas, lo mismo que la minería a cielo abierto. Se prohíbe también el maltrato animal.
La nueva legislación incluirá el derecho a la educación gratuita, al trabajo, a la vivienda y a la salud. Por el control del estado sobre el sistema ferroviario nacional. Ha sido bien recibida la propuesta de reconocer a los grupos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho constitucional, con personalidad jurídica para demandar al estado y a las empresas particulares por sus diversas prestaciones, y para la defensa de sus intereses comunitarios. En cierta medida, este es el cumplimiento –aunque solo sea en parte-- de los Acuerdos de San Andrés, promovidos por el EZLN y aceptados por Salinas y Zedillo, pero nunca cumplidos.
Hay varios aspectos que hacen falta. Al menos, todo lo relativo a los avances en los derechos de las mujeres; la clasificación de las fuentes de agua como un derecho y no como una mercancía, entre otros.
Detrás del conjunto de propuestas del presidente hay un espíritu de rebeldía contra las instituciones y prácticas del viejo régimen. A pesar de que la izquierda está en el gobierno, y tiene mayoría simple en el Congreso y en los gobiernos estatales, aún sigue teniendo una fuerte oposición ante los residuos del viejo poder de la oligarquía, de la SCJN, de los opresores, de los caciques, de los medios de manipulación y de otros poderes fácticos. Si algún día la izquierda abandonara el espíritu de rebeldía, el pueblo dejaría de apoyar esta noble causa.
