Diversos estudios indican que la participación en elecciones proporciona, a nivel subconsciente, la satisfacción de una necesidad básica de la especie humana, dado que acudir a las urnas implica la reafirmación de un “sentido de pertenencia”, relacionados, en primer lugar, con la comunidad nacional y, en segundo lugar, con subgrupos formados por individuos con identidad de pensamiento.
Como ocurre con otros ritos ceremoniales, de carácter religioso e incluso en el fútbol, los procesos electorales animan un estado de “efervescencia colectiva”, a partir del cual se pueden crear y/o fortalecer lazos sociales importantes.
Hoy, inmersos ya en ambiente electoral rumbo al proceso 2024, es evidente que, por su carácter competitivo, no solo entre partidos, sino más aún al interior de éstos, en su búsqueda de candidatos, se estimula momentáneamente un debate social cubierto de antagonismos, ya que la elección materializada en las urnas implica una discusión previa más o menos acalorada sobre los méritos y deméritos de quienes encabezan de un lado y otro el activismo electoral. Sin embargo, desde una perspectiva histórica y funcional, en condiciones normales, esta elección estimulará la armonía a largo plazo y, en consecuencia, la estabilidad de la vida democrática, en la medida en que logre resolver los conflictos políticos siguiendo un método sustitutivo justo y racional, de todas las formas de violencia.
La sobrevivencia de los regímenes democráticos, exige que ante la imposibilidad de construir un consenso sustantivo se consiga al menos, un sólido acuerdo pro forma., representado por el respeto general a las instituciones electorales –y su consecuente valoración como único medio capaz de estabilizar el conflicto inherente al choque de intereses contrapuestos–, esto constituye un requisito fundamental para que se persiga el progreso común en contacto con la voluntad social y sin restringir o eliminar las libertades publicas.
Fuera del marco electoral, la democracia muere; el gobierno del pueblo se convierte, como alude Sartori, en un gobierno sobre el pueblo, que, en última instancia, pierde el “derecho a querer” y, en este paso, deja de ser apreciado como “'digno de ser libre', de elegir individualmente y no estar sujeto a que otros elijan por él”.
El fortalecimiento de los lazos pretendidamente garantizados por los procesos de elección, sin embargo, es, en el contexto nacional actual, continuamente desafiado por la cáustica retórica, de pseudo lideres que se empeñan en descalificar a priori a sus adversarios y les endilgan todo tipo de actitudes y antecedentes condenables, que se traducen en combustible para la desinformación.
En este sentido, se vislumbra en el horizonte político una serie de ataques insistentes y concertados que, en su conjunto, denotan un designio no disimulado, tendiente a excluir el pensamiento divergente, a debilitar los mecanismos de control social y, más concretamente, la animación del radicalismo y el desprestigio de las elecciones como termómetro certero del arbitraje social.
Paralelamente a la apasionada defensa de un método de votación, como expresión de apertura de partidos y grupos políticos, considerado por un grupo de retrógradas como pernicioso, antieconómico e ineficaz, el acoso discursivo incluye la sistemática descalificación e impulsa una metanarrativa basada en acusaciones vacías de evidencia y levantando sospechas sin el más mínimo sustento en la realidad.
El gran riesgo, es que la retórica de la confrontación genere un proceso de movilización de la opinión pública al terreno de la desinformación. La clave para la preservación de la experiencia democrática, en este proceso, es cuestionada por actores interesados que pretenden secuestrar el poder estableciendo un “régimen de falsedad consensual”, basado en un “acuerdo sobre la mentira” que, como resultado de la posverdad, cierra los caminos hacia un tránsito democrático de la vida interna de los partidos y del propio proceso electoral.
Dentro de este paisaje, la máquina de erosión de la confianza maniobra la matriz discursiva para generar torrentes de ruido continuo, con el fin de crear cámaras de eco que relativizan, de cara a la ciudadanía , el valor fundamental del consenso mínimo, buscando naturalizar, de manera continua, una eventual pérdida de confianza de la consulta popular, lo que, a todos los efectos, sellaría una condena sumaria de la libertad de elección popular y, en consecuencia, el establecimiento de un régimen de excepción.
Las democracias siguen siendo eficaces para evitar los momentos más difíciles. Desde este ángulo, la situación actual hace imperativo revivir la conciencia de que el valor de la democracia, consiste precisamente en permitir que los ciudadanos cambien de opinión y de líderes, sin que ello implique poner en peligro el orden político. Recordemos que al carecer de las facultades de crítica y juicio del poder constituido, el pueblo vuelve inexorablemente a la condición de esclavo. La desinformación, en este contexto, emerge como la amenaza más extrema al esquema de libertades ciudadanas.
