La Suprema Corte de Justicia de la Nación no anuló la posibilidad de sancionar la violencia política de género en Morelos, anuló una serie de ordenamientos que facilitaban la persecución de la misma porque fueron promulgados a destiempo, lo que obliga a utilizar la legislación anterior, con todas sus imperfecciones. Es decir, la violencia política de género sigue siendo punible, aunque el camino para ello puede ser más tortuoso y menos severo para sus víctimas.
Para muchos, el problema es justamente la falta de herramientas jurídicas para sancionar efectiva y ejemplarmente las prácticas que marginan a cientos de mujeres de sus derechos políticos. Desde sus fundamentos, el sistema político mexicano limita la participación de las mujeres, sea de forma evidente o mediante sutilezas que resultan especialmente ofensivas. En partidos políticos, órganos de gobierno, instituciones públicas, las mujeres son constantemente marginadas, cuestionadas y censuradas sobre bases diferentes que los hombres que (a veces también son víctimas de discrminación); la diferencia mayor, probablemente, es que a los hombres se les limita por sus posiciones políticas, por sus ideas, por su historial de militancia política y social, por su origen; las mujeres suman a todas estas limitantes una que no debiera serlo, su condición de mujer.
Si un hombre logra superar todos los “filtros”, impuestos por la llamada clase política (que suele tener todo menos clase), logra espacios de poder o representación y puede ejercer su liderazgo con acceso similar al de cualquiera en su condición. En el caso de las mujeres, si logran superar todos los obstáculos, aún vivirán la discriminación en el ejercicio de su cargo, ya sea por grupos políticos, colegas, medios de comunicación o hasta por los ciudadanos, que interpretan la condición de mujer como una limitante de la función pública. Incluso el propio adjetivo “público”, tiene una diferente connotación en las audiencias si se combina como “hombre público”, de connotación positiva, o como “mujer pública”, con por lo menos una doble interpretación.
Tendremos que reconocer que los cambios jurídicos promovidos por mujeres y que operaron como reglamentos, protocolos y acciones afirmativas en el proceso electoral pasado, los mismos que en los guarismos colocaron a Morelos como un ejemplo en materia de paridad de género; sirvieron también para exponenciar el número de mujeres víctimas de violencia política porque la transformación del marco reglamentario no fue aparejada de una ya inaplazable reforma cultural que permita el acceso de las mujeres a la práctica política sin ser cuestionadas por su condición de género. No se trata, conste, de evitar la crítica a la función pública, porque está visto que las mujeres pueden equivocarse; sino de evitar que la condición de género sea la fuente o el argumento único de la crítica.
El primer paso para el acceso de las mujeres a la vida política es su visibilización. Hay miles de mujeres con capacidades extraordinarias de liderazgo en Morelos, pero faltan espacios para que esa capacidad sea vista, eso debe cambiar ya.
@martinellito
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