La gestión del ex alcalde Francisco Villalobos hizo mucho daño a mucha gente; probablemente por ello, la voz dominante hoy y que bloquea o por lo menos irremediablemente matiza cualquier mensaje que busque colocar la actual administración municipal, es la que busca el anuncio pronto de castigo contra los funcionarios de la administración que concluyó su encargo hace siete días. Frente a la prisa, la advertencia del alcalde José Luis Urióstegui es clara y profundamente racional (cualidad que debemos agradecer en medio de la miasma que expide mucha de la política actual): “no me apresuren porque vamos a hacer las cosas bien” parece traducirse de los argumentos legales que ofrece el abogado que hace notar sí fue a sus clases en la Facultad de Derecho.
El alcalde advierte que deben revisarse todas las actuaciones sospechosas para, en su caso, poder integrar carpetas de investigación con evidencias suficientes y evitando que, como ha ocurrido en denuncias iniciadas por otros poderes, la falta de elementos detenga las investigaciones. Es decir, no basta con decir que tal ex funcionario “debería estar en la cárcel” para que eso se concrete, como ha ocurrido en despachos ubicados a sólo unas cuadras del Ayuntamiento.
Y vale la pena la aclaración porque con lo diplomático que fue el período de transición en las administraciones (muy al estilo de Urióstegui), había ya quienes injustamente hablan de pactos de impunidad entre las administraciones como para meterle presión al nuevo alcalde desde antes de que asumiera el cargo. Aunque por lo pronto, y hay que subrayarlo, los pocos días que lleva la nueva administración ha señalado por lo menos dos conductas sospechosas que podrían ser constitutivas de delitos: el uso de 22 millones de pesos correspondientes al pago de predial anticipado, y la retención de pago a trabajadores jubilados cuyas remuneraciones se supone corresponden a los rubros etiquetados del presupuesto municipal. En suma, material para las investigaciones hay, y también para las especulaciones de aquellos adversarios del anterior alcalde que salivan por que se le castigue lo antes posible. Y justo el problema son esas especulaciones que buscan acelerar procesos que podrían, por cierto, no tener sustancia jurídica y de los que Urióstegui ha prometido hacer investigaciones.
Porque en todo caso, el alcalde no es ministerio público para andar amagando con meter a la cárcel a nadie; pero sí está obligado a denunciar la probable comisión de delitos en la administración municipal e integrar los expedientes con elementos suficientes para que la autoridad correspondiente los sancione. Es decir, hasta no tener todos los elementos para iniciar procedimientos jurídicos, mal haría el alcalde en contribuir al escándalo.
Aquello de que la voz del pueblo es la voz de Dios, no aplica en el terreno jurídico. Podríamos dudar que la mayoría de los cuernavaquenses quiera ver encerrado a Villalobos más de lo que quieren sentirse seguros, tener agua potable, alumbrado público, desarrollo económico, y otras misiones del Ayuntamiento que resultan mucho más importantes para la sociedad. No se trata de olvidar los abusos pasados, sino de ubicarlos en su justa dimensión.
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