Al Congreso del Estado no le resultará nada sencillo salir del embrollo que representa el paquete económico 2022. En un ambiente político que mezcla el populismo, la irracionalidad, el centralismo y una mal entendida austeridad, con los intereses de grupo y hasta las venganzas políticas, los diputados se han trazado el objetivo de no quedar mal con ninguno de quienes, de manera bastante justa, solicitan los recursos necesarios para ejercer las funciones que les son impuestas por la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Sin la comunicación adecuada, los razonamientos prudentes, y la sensibilidad necesaria, la incipiente recuperación de la confianza ciudadana en el Congreso, una de las preocupaciones principales de la actual legislatura, podría revertirse muy pronto. Porque es más que obvia la insuficiencia de recursos para atender todas las necesidades (la mayoría traducidas ya en urgencias) de las instituciones públicas. Las crisis en organismos autónomos son similares a las de los 36 municipios, y también se parecen a las que padecen muchas de las oficinas de los tres poderes del Estado. Y si bien las proyecciones del Estado son susceptibles de ser corregidas, incluso a profundidad en algunos casos, lo cierto es que por más movimientos que se hicieran, resultaría imposible cubrir los requerimientos de presupuesto. Sólo las diferencias entre lo solicitado por los tribunales y lo proyectado por la Secretaría de Hacienda para ellos, rondan los mil millones de pesos, por citar uno de los mayores retos.
Es decir, las necesidades de un estado que enfrenta enormes rezagos no pueden ser atendidas por una cobija tan relativamente ajustada como el presupuesto del estado de Morelos. La excesiva dependencia de las participaciones federales, la escasa recaudación -agravada por la crisis económica por la pandemia que obligó al cierre de muchos negocios y empleos-, y la colección de errores y abusos en el diseño institucional y presupuestal (algunos históricos y otros atribuibles exclusivamente a la actual administración); han provocado que los recursos del gobierno estatal sean mucho menores que las necesidades planteadas por sus compromisos, financieros y constitucionales.
El problema es que los diputados, cuyo papel de representantes populares pocas veces había sido tan notorio como en el inicio de esta Legislatura, entienden muy bien las urgencias de cada municipio, de cada organismo autónomo, de cada oficina de gobierno; y cada una de ellas es superior a las posibilidades del presupuesto para cubrirse. ¿Con quiénes quedarán bien y a quiénes les van a fallar? Porque claro que las prioridades de cualquier gobierno se establecen en sus asignaciones presupuestales, y en Morelos el proyecto de gobierno del Ejecutivo estatal es diverso al de los municipios y al que buscan diseñar, a lo mejor con justicia, los diputados. Porque también los legisladores, en su posición de representantes populares, comienzan a ubicar temas de relevancia en materia de salud, obra pública, desarrollo económico y apoyos sociales. Los diputados deberán argumentar más que nunca cada decisión respecto al presupuesto porque, además, no están las cosas como para subir impuestos.
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