El proyecto de presupuesto 2021 del Estado de Morelos proyecta dotar de recursos a los tribunales y los órganos electorales por la misma cantidad que recibieron en el 2020; la cantidad podría justificarse si se considera la crisis que la pandemia de Covid-19 trajo a las finanzas estatales, la austeridad más que una moda se vuelve obligatoria. El problema es que tanto el Tribunal Superior de Justicia como los órganos electorales, están obligados a cumplir en el 2021 con obligaciones jurídicas y políticas que les imponen un mayor gasto en términos de personal, administración e inversión.
En el caso del Tribunal, está obligado a implementar la justicia oral en lo laboral, que significa oficinas y personal adicional; en una temporada de crisis que impactará definitivamente en las relaciones laborales actuales y las que se tracen en el futuro cercano. Para el efecto, el TSJ había solicitado recursos adicionales por 650 millones de pesos que fueron ignorados en el paquete económico entregado por el Ejecutivo al Congreso.
El Tribunal tiene como plazo hasta el 21 de octubre de 2021 para implementar la oralidad en materia laboral, para lo que requiere adaptar o construir locales especiales para la conciliación entre actores y para los juicios en su caso, personal capacitado, y una reforma administrativa importante al interior; todo ello podría sumar los 650 millones o a lo mejor un poco menos, pero la necesidad de recursos es definitiva. Y puede parecer que 1,200 millones de pesos como presupuesto total del Tribunal Superior de Justicia es un exceso, pero uno preferiría no darle pretextos al Poder Judicial para no mejorar sustancialmente sus procedimientos y cumplir con todo lo que la ley le impone.
Igual de grave es el caso del Tribunal Estatal Electoral y el Impepac. Los órganos electorales jurisdiccional y administrativo recibirían, de acuerdo con el proyecto de presupuesto, las mismas cantidades que tuvieron en el 2020, año no electoral en que además el Impepac tuvo que solicitar una aplicación presupuestal para cumplir obligaciones jurídicas relacionadas con el proceso electoral que inició en septiembre pasado.
En el 2021 Morelos tendrá elecciones locales; el proceso será más grande que el del 2018, son 36 municipios en lugar de los 33 de los comicios pasados, hay más partidos políticos (casi el doble de los que participaron la vez anterior), lo que significa muchos más candidatos, más intereses de por medio, más asesores jurídicos y seguramente más juicios electorales. Los órganos responsables de las elecciones del 2021 en lo administrativo y lo jurídico deben contar con los recursos suficientes que les permitan procurarse las herramientas necesarias para enfrentar un proceso electoral muy complejo, con muchas aristas y que se perfila para resolver muchos asuntos en las urnas, pero otros tantos en los tribunales, lo que elevará los costos del proceso electoral.
Cierto que los órganos podrían pedir ampliaciones presupuestales y esperar la buena voluntad del Ejecutivo, pero la principal condicionante de la autonomía institucional es la independencia financiera.
@martinellito
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